Este trabajo analiza el desafío que ha representado la regulación del derecho a indemnización de personas inocentes condenadas erróneamente para la Convención Constitucional. Se estudian dos situaciones que generan tensión entre el derecho chileno y la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos: la ausencia de indemnización para personas inocentes que han sido condenadas por una sentencia que no se puede catalogar de injustificadamente errónea o arbitraria, y la parcialidad de la institución a cargo de conocer las solicitudes de indemnización de quienes sí se les reconoce el derecho a solicitarla. Esta tensión normativa se ha intentado solucionar, en el marco jurídico de la Constitución de 1980, sin éxito. La creación de una nueva Constitución representa, por lo tanto, una oportunidad única para superar los déficits de la normativa actual, aunque como lo demostró la Constitución de 1925, es una tarea compleja.